Carta de renuncia de Alfonso Durazo Montaño a Vicente Fox Quezada

Martes, 22 de junio de 2004
Lic. Vicente Fox Quesada
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
P r e s e n t e

Después de superar uno de los mayores dilemas éticos de mi vida sobre los términos en los que debo interpretar la lealtad con mi jefe, mis convicciones políticas y mi país, me permito presentar a usted mi renuncia al puesto de Secretario Particular, con fecha 5 de julio próximo.
Le solicito que dicha renuncia pudiera surtir efectos administrativos inmediatos, en el entendido de que estaré atento, de tiempo completo, para dar paso oportuno al nombramiento de mi sucesor y concluir debidamente el proceso administrativo de entrega-recepción. Le comunico esta decisión con ánimo sereno, sin fatiga pero con realismo.
Todo tiene un límite y esta etapa ha llegado a su fin. No llegué a este proyecto por casualidad ni quiero quedarme por inercia. Tengo una visión diferente para entender los acontecimientos y mi razonamiento está cada vez más fuera de toda lógica al interior de Los Pinos. En consecuencia, no entiendo ni comparto muchas decisiones, y resultaría desleal oponerme, o incongruente si las apoyase sin estar de acuerdo con ellas. En esas circunstancias, prefiero reconocer la realidad que recurrir a la mediocridad para sobrevivir.
Ese es el hecho que me mueve en primer lugar para tomar esta decisión, que he retrasado tanto como he podido con el propósito de sustraerla de un ánimo de coyuntura. Sé que con frecuencia se interpretan con demasiada simplicidad las motivaciones de quienes nos dedicamos a la política, sin embargo, me mueve una convicción para la que no es estímulo la expectativa de un cargo.
He vivido altas y bajas en mi vida pública que me han enseñado que a veces hay que saber irse a casa con dignidad. Todo en la vida es una lección y esta experiencia como secretario particular no ha sido la excepción. Más que una extraordinaria experiencia ha sido una incursión en la historia; una oportunidad para observarla de cerca y complementar mi visión con el antes y el después de la alternancia.
Como hombre de vocación constructiva que soy, esta renuncia no me convertirá en un francotirador temerario una vez fuera del equipo, mucho menos en un infidente. Me voy sin motivos de reproche para el gobierno y sin espacio para la descortesía con ninguno de sus miembros. Al contrario, conservaré razones de gratitud y reconocimiento para todos, particularmente para Usted, convencido de su estilo político noble y su espíritu generoso; de la sinceridad y la buena fe que definen sus valores básicos. Comprometido con los valores de un político formado para servir al Estado, me conduje en la secretaría particular con una visión libre de sectarismos; me esforcé en distinguir siempre entre una relación personal y una responsabilidad institucional.
Trabajé por igual con quienes tengo coincidencias que diferencias políticas o ideológicas, y jamás mal aproveché la oportunidad de acercarme al oído presidencial para intrigar. Desde que me incorporé a su equipo de trabajo me propuse ser un hombre del presidente. Me desempeñé sin agenda personal y con neutralidad frente a todo tipo de intereses. Traté de estar siempre por encima de la contingencia política; también por encima de la búsqueda del incentivo individual. Así lo hizo también mi equipo, cuyo talento me estimuló profundamente. Por ello mi agradecimiento para aquellos que formaron filas en ese equipo capaz, leal e institucional que me acompañó durante estos casi cuatro años.
Mi agradecimiento, también, para todos aquellos que hicieron posible un mejor cumplimiento de mi responsabilidad, particularmente desde los medios de comunicación. *** Le pido me permita aprovechar la ocasión para reiterar a Usted algunas reflexiones.
Dada la complejidad de los temas le solicito me permita abordarlos sin abstracciones: Valoro como una oportunidad histórica haber dado mi contribución política a la causa de la alternancia, episodio insigne del México contemporáneo. Sin embargo, no puedo ocultar ahora mi percepción de que el poder nos ha alejado crecientemente de los valores, principios y compromisos que la impulsaron. Es mi convicción que en los intereses políticos de coyuntura hemos extraviado el objetivo inicial de aquel proyecto político -basado en el espíritu plural e incluyente que debe guiar todo proceso de cambio- sintetizado con toda claridad en su discurso de toma de posesión. Decíamos entonces que el reto esencial del proceso de cambio actual era ejercer el poder público y jugar en la arena política bajo el paradigma de una nueva ética pública. En consecuencia, no podíamos seguir viendo el poder como un fin en sí mismo ni asumir la línea ética de que el fin justificaba los medios.
La alternancia rompió el molde de esa vieja cultura política. No lo reconstruyamos, particularmente en la conducción del proceso de sucesión presidencial. El ciudadano rechaza instintivamente aquellos viejos modos políticos y reclama las reglas de un juego limpio. Por ello es rechazable la eventual participación del gobierno en el proceso de sucesión, porque va a contra pelo de la ética del cambio. Pretender decidir desde el gobierno quién será el próximo presidente como quién no debe ser el próximo presidente fue el pecado original del viejo régimen. Haciendo abstracción de que el desenfreno de dicho proceso ha operado en contra de una mayor eficacia política del gobierno, me centro en mi convicción de que en el tema de la sucesión presidencial el gobierno está actuando más bajo la lógica histórica del viejo sistema que de la lógica de una etapa de transición. Ello explica muchas de las tensiones que conocemos en el país, que amenazan a veces con hacerlo estallar. No comparto una visión apocalíptica del presente, sin embargo, es un error minimizar la complejidad de las circunstancias. Debemos asumir que este es un momento difícil para el país y que, de seguir como vamos, son previsibles tiempos políticamente aún más complejos.
No me alarma la intensidad del debate sino la confrontación política. Se percibe un ambiente de confusión y tensión crecientes en el que todas las facciones políticas tocan tambores de guerra. Ello nos ha llevado a una especie de agotamiento colectivo; a un ¡ya basta! Nada en principio podrá opacar el mérito histórico de haber culminado exitosamente la lucha por la alternancia.
Hay, además, muchos logros irrefutables del gobierno, y es legítimo sentirse satisfecho de ellos; no obstante, es imprescindible ver la realidad en forma más objetiva. La ola de esperanza derivada del cambio está ya de regreso. Incertidumbre ante el futuro es hoy el sentir ciudadano. Ciertamente, no podrá hacerse una evaluación completa sobre el desempeño de este gobierno sino con una perspectiva histórica, sin embargo, entre la algarabía de reproches y señalamiento de todos contra todos, se despeja cada día con mayor claridad la incógnita sobre cómo será su fin.
Sé que el entusiasmo y la preocupación han alternado siempre en el ánimo social de todo proceso de transición, sin embargo, es necesario restituir tranquilidad al ambiente político; cerrar el capítulo de la confrontación, para evitar que las instituciones se contaminen con el conflicto político a niveles que resulten irreversibles. Más grave aun si asumimos que este proceso de descomposición política que estamos viviendo se atribuye cada vez más a los tiempos de democracia que hoy conoce el país. Es imprescindible revertir la percepción social de que la democracia puede llevarnos a la degeneración del Estado y que es una de las causas fundamentales del deterioro político de nuestras instituciones.
El gobierno no es responsable, por supuesto, de haber causado todos los conflictos políticos que hoy conocemos en el país; sí lo es, en cambio, de evitar que la descomposición política se asiente entre nosotros como un fenómeno insalvable. En caso contrario, podríamos terminar por fracturar un ambiente político ya de por sí enrarecido. No olvidemos lo ocurrido en Argentina. Fernando de la Rúa llegó a la presidencia con altísimos niveles de apoyo social, empero, el paulatino desencuentro con los principales actores políticos terminó por dar paso a una crisis inmanejable.
Es mi convicción que el enrarecimiento del ambiente político nacional está íntimamente vinculado con el proceso de sucesión. En consecuencia su restauración reclama tener muy claro cuál es la responsabilidad del Estado y del gobierno en su conducción. Históricamente la sucesión presidencial ha sido una carrera de obstáculos, con mayor razón ahora en plena democracia. Debemos asumir que dicho proceso no es ya más un simple asunto electorero o de popularidad sino un tema que tiene que ver con la estabilidad del Estado y la solidez de sus instituciones. Por ello, no podemos dar curso a nuestros afectos y desafectos personales en su conducción.
El peligro principal del proceso de sucesión no está, pues, en quién llegue a la Presidencia de la República sino en cómo llegue. Si no hay legalidad, equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial, la disputa electoral del 2006 podría llegar a convertirse en una repetición de las viejas y nocivas rondas de desconfianza sobre los resultados electorales. Y si las elecciones no se resuelven en las urnas, se van a resolver en las calles. Muchos mexicanos que luchamos por darle un vuelco a la historia para vivir en democracia, no nos resignaríamos a que la democracia sea una experiencia frustrada. Vemos en ese sentido que la contienda electoral del 2006 constituirá la prueba de fuego de la nueva era democrática de nuestro país, y que si no es conducida con apego a los valores y principios de la democracia, la alternancia podría quedar como un mero accidente de nuestra vida política. Ante esa eventualidad, el juicio de la historia sobre este gobierno será implacable. En una sociedad democrática el gobierno es un instrumento del Estado, en consecuencia, no trabaja para ganar elecciones ni su función es la de agente electoral de partido o aspirante alguno.
El gobierno debe reafirmar en esta hora su carácter de representación del Estado mexicano, es decir, del conjunto de la nación para asegurar que el impulso democrático derivado de la alternancia sobreviva al arribo de cualquiera de los contendientes que los mexicanos hayamos decidido votar mayoritariamente en las urnas. Tal objetivo reclama un presidente de la República neutral respecto al proceso de sucesión; sin embargo, hoy no se le acepta como un árbitro político imparcial porque se asume que es parte interesada en la contienda, circunstancia que se usa como razón, o pretexto, para justificar la baja institucionalidad de otros actores políticos que se resisten a la legalidad. Por el bien del país, el presidente de la República no puede tener proyecto político después de gobernar.
El presidente debe salirse del campo de juego y tomar el silbato de árbitro; debe desplazarse completamente hacia su condición de Jefe de Estado y asumir el rol de conciliador que corresponde a tal condición; debe ser una voz unificadora y motivadora, capaz de rehacer el consenso nacional, que actúa no sólo en un marco de legalidad sino de ética política.
En ese contexto, no puedo hacer abstracción de las implicaciones de la incursión de la Primera Dama en el inventario de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial de Acción Nacional. Valoro que si bien hay condiciones para lograr la continuidad del PAN como partido en el poder, no existen, en cambio, condiciones propicias para la candidatura presidencial de la Primera Dama. Ciertamente el país ha avanzado políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la presidencia de la República, sin embargo, no está preparado para que el presidente deje a su esposa de presidenta. Obsesionados con su popularidad no percibimos aún las eventuales consecuencias.
De ese coqueteo político derivan muchos de los desencuentros que hoy conoce el país. De hecho, las reacciones más agudas contra el gobierno están conectadas con lo que muchos consideran una actitud permisiva del presidente a las eventuales aspiraciones presidenciales de su esposa, cuyos apoyos al titular del Ejecutivo vulneran, contradictoriamente, su autoridad. La equidad es una condición de los sistemas democráticos que, evidentemente en este caso no quedaría satisfecha. No obstante la gravedad del señalamiento, ese no sería el problema mayor: por razones históricas, es nula la tolerancia de los mexicanos a tentaciones dinásticas. Por tanto, no me sorprendería que las reacciones llegaran, incluso, a la violencia política.
Diría algo más: sus eventuales aspiraciones presidenciales pueden tener posibilidades políticas pero no tienen ninguna posibilidad ética. En consecuencia, no es sensato sucumbir a los embates mediáticos que engrandecen, fundadamente o no, su imagen personal. Tampoco lo es ser condescendiente con tales aspiraciones cuando ese hecho plantea un serio riesgo para el orden del proceso de sucesión. En ese contexto, veo imprescindible redefinir el rol presidencial en el proceso de sucesión, antes de que los niveles de confrontación política terminen por rebasar nuestra capacidad para procesarlos institucionalmente. En caso contrario podemos llegar sumamente descompuestos al 2006. El país no lo merece. *** Coincido en que a los mexicanos nos urge poner fin a las impunidades de todo tipo; en que hay que enfrentar tenazmente a las fuerzas e intereses que pretenden atarnos a las inercias y prácticas del pasado, sin embargo, no todo lo que está bien es conveniente; no en este momento al menos.
Es necesario ver los riesgos ocultos de la dinámica de confrontación que estamos viviendo y dosificar la apertura de frentes. No es posible abordar todos los pendientes históricos y mucho menos al mismo tiempo. Hay iniciativas que no obstante su validez violentan coyunturalmente todos los esfuerzos de coordinación y acuerdo político, y nos llevan a perder, como país, lo más por lo menos. Además, no todos creen que atrás de todo este espectáculo jurídico-político que estamos padeciendo la situación es moralmente transparente. Hoy lo primero que debemos hacer todos es bajar las armas; aflojar la cuerda del arco e impulsar un ambiente político más ordenado. En ello, por su naturaleza y fines, el gobierno está obligado a ser mano. Si bien la opinión pública no simpatiza con una oposición con vocación permanente por la confrontación, tampoco lo hace con un Ejecutivo beligerante. Por ejemplo, es prácticamente imposible ser exitoso en una estrategia de confrontar al Congreso cuando está viviendo con autenticidad, por primera vez en la historia, la separación de poderes.
Es necesario aceptar que la posibilidad de sacar adelante una iniciativa en un Congreso sin mayoría radica más en la política que en la correlación de fuerzas. Cuando la correlación de fuerzas es adversa, más que el cálculo numérico, todo queda sujeto a la capacidad de negociación y maniobra política. No obstante los desencuentros políticos, aún más, precisamente por los desencuentros políticos es necesario refrendar nuestra fe en la política. Los conflictos que estamos viviendo en el país no desacreditan a la política, tan solo nos señalan que hay que hacer mejor política. Ello obliga a desafiar a los adversarios con honestidad para meternos en la lógica de la confianza, porque en política sin confianza nada es posible. Por ello, no obstante que hasta hoy no ha sido del todo eficaz, debemos seguir insistiendo en la vía del diálogo y la negociación para reconstruir las relaciones políticas, y a partir de ellas un puente de aquí al 2006. Sin él el país no podrá avanzar. ***
En el contexto de estas reflexiones me resulta también obligado abordar el tema de la necesidad de despejar dudas sobre el liderazgo presidencial. Nuestra cultura reclama una presidencia fuerte, sin embargo, no se trata de plantear la restauración de las viejas atribuciones presidenciales de carácter meta constitucional. Desde mi punto de vista este reto inicia por asumir que el poder presidencial es constitucionalmente indivisible y, en consecuencia, acabar con la idea cada vez más generalizada de que el poder presidencial se ejerce en pareja. En la misma línea, debo decir que es un error confundir la permisividad con la gobernabilidad democrática. La democracia también tiene reglas y se percibe claramente que se están vulnerando. Tenemos que proyectar la idea de que la fuerza legítima del Estado existe y que la sabemos usar.
Tenemos, también, que dar la impresión de mayor mando, coordinación y disciplina en el gobierno. Con frecuencia se nos señala que hay un equipo desalineado, con colaboradores cantando fuera del coro; que muchos procesos están organizacionalmente rotos y que son las reglas del azar las que construyen las coincidencias al interior del gobierno. Esa falta de coordinación ha terminado por confrontar a varios de los miembros del gabinete por encima de sus relaciones personales. Ello hace imprescindible replantearse la concepción casi autónoma de las dependencias. Tenemos que entender de otro modo la comunicación social del gobierno. Parto en el tema de una autocrítica básica: es un clamor en susurros que la comunicación social gubernamental ha estado históricamente mal manejada y que nos está derrotando a todos. Asumo sin regateos la cuota de responsabilidad que me corresponde en el progresivo deterioro de la imagen de la que hoy goza el gobierno, no obstante que no fueron cumplidas ninguna de las diez condiciones inherentes a la eficacia del área de comunicación social, aprobadas por Usted antes de mi nombramiento.
Es necesario cerrar el juego de vencidas con la popularidad diaria para superar la visión corto placista en la que nos estamos moviendo. Para comenzar, si queremos más comprensión de los medios tenemos que darles más y mejores explicaciones; explicar no sólo lo que queremos sino por qué lo queremos. Debemos cancelar ese sistema de señales tan complaciente que nos ha llevado con demasiada frecuencia a sobre dimensionar los logros del gobierno, con la consecuente erosión de su credibilidad. Ciertamente, si la comunicación funciona, no necesariamente funciona todo lo demás.
Como ha podido ver, en este documento hay muy poco que no haya compartido con Usted en algún otro momento de mi estancia en la secretaría particular. Dejo de nuevo en sus manos estas reflexiones, que es cada vez más difícil expresar, sobre todo por los riesgos de las interpretaciones sesgadas o simplificadas, en las que una opinión diferente se considera una deslealtad o bien un desafío a la autoridad. Parto de la convicción de que la lealtad no está en la coincidencia sino en la honestidad; también de la experiencia que nos dice que siempre se ha podido confiar más en quien expresa abiertamente sus diferencias que en quien las calla. He tomado, por razones obvias, los ejemplos que muestran las contradicciones extremas en nuestras visiones. No pretendo señalar que la suya pudiese estar equivocada.
Entiendo que el gobierno no tiene por qué conducirse bajo mi visión, sin embargo, la diferencia tan profunda entre ellas me lleva a un nivel de contradicción tal que agota mis posibilidades de continuar aportando desde la Secretaría Particular. Dada la nobleza que lo caracteriza, entiendo la reacción que estas reflexiones pueden generar en Usted, sin embargo, no pretendo que este texto se constituya en un acto de irreverencia sino de reflexión sincera al que me obliga un elemental sentido de congruencia.
Lo hago con la intención de llamar su atención de la manera más honesta y dramática que me es posible sobre estos temas; lo hago, también, en cumplimiento del compromiso que hice con usted cuando asumí la Secretaría Particular. Le dije entonces que, por razones de principios, estaría con lealtad plena al servicio de su causa, pero que lo haría con una lealtad crítica, es decir honesta. No quiero faltar a ese compromiso.
Convencido de que no hay causa sin principios, reafirmo mis fidelidades esenciales con los valores políticos que impulsaron la alternancia. Frente a la decisión que hoy le comunico, reafirmo sin ambigüedades mi compromiso con el éxito del proceso de cambio y la consolidación del avance democrático en nuestro país.

Atentamente

Alfonso Durazo Montaño

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