¿Quien protegía a los Abarca en Iztapalapa..?

¿Quien protegió a José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa en Iztapalapa..? Es una de las preguntas que gravitan y retardaron la captura del alcalde de Iguala y su esposa en uno de los cotos de izquierda más importantes del Distrito Federal, donde nada se mueve sin el conocimiento de la policía local y de las autoridades delegacionales de Jesús Valencia Guzmán.

Pero el golpe de la Policía Federal a cargo de Enrique Galindo Ceballos esta madrugada fue de precisión, ahora están declarando en la  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El alcalde de Iguala Guerrero y su esposa son señalados por la PGR de ordenar el pasado 26 y 27 de septiembre el ataque y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que evitar el sabotaje del informe de labores de Pineda Villa, como ocurrió en julio de 2013.
El comisionado General de la Policía Federal, Enrique Garrido, informó que el trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del gobierno permitió la detención del ex alcalde de Iguala y su esposa.
A través de su cuenta de Twitter, Garrido dijo que la detención de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda es parte de las investigaciones para localizar a los 43 normalistas desaparecidos. 
Semanas atrás, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que una vez que los estudiantes estuvieron sometidos y fueron entregados por policías a Guerreros Unidos, el lugarteniente de esa organización criminal, conocido como El Gil, informó a su jefe máximo, Sidronio Casarrubias Salgado, que los conflictos en Iguala eran obra del grupo delictivo contrario, es decir, Los Rojos.
Sidronio avaló las acciones contra los normalistas, a quienes llevaron a un camino de terracería que se localiza cerca de la vivienda de El Gil y donde fueron encontradas nueve fosas clandestinas con los restos de 30 personas.
El funcionario federal indicó que María de los Ángeles Pineda fue identificada por Sidronio como la principal operadora de Guerreros Unidos, desde la presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad de Iguala, Felipe Flores Velázquez.
También que José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local. El grupo decidía quien ingresaba a la corporación. La PGR solicitó órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales de los sucesos.

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